El asesinato de Daylin Reyes Hernández, ciudadana venezolana de 37 años, ocurrido dentro  de su vivienda en el barrio Nueva Galicia de Santa Marta, presenta características que han llevado a las autoridades a considerar el hecho como un posible ataque premeditado. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial que permita establecer con claridad los móviles del crimen.

Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es la forma directa del ataque. El agresor llamó a la víctima por su nombre, lo que sugiere que no se trató de un hecho fortuito ni de un robo, sino de una acción dirigida específicamente contra ella. Este detalle es clave dentro  de las líneas de investigación, ya que apunta a que el atacante conocía a la víctima o tenía información previa sobre sus movimientos.

Asimismo, el crimen ocurrió dentro de la vivienda, en presencia de familiares, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada y ejecutada con la intención de causar un impacto directo. El uso de arma de fuego y la huida inmediata del responsable tras perpetrar el ataque son elementos que, según expertos en seguridad, suelen estar presentes en hechos de sicariato; no obstante, esta calificación aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta ahora, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía han centrado sus esfuerzos en la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad cercanas y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. También se evalúa si Reyes Hernández había recibido amenazas previas o si estaba involucrada, directa o indirectamente, en algún conflicto personal o económico, extremo que por ahora no ha sido corroborado.

El caso ha reavivado la preocupación por la situación de vulnerabilidad de las familias migrantes, especialmente aquellas que residen en sectores populares. Daylin Reyes Hernández era conocida como una mujer trabajadora, dedicada al sustento de sus tres hijas, sin antecedentes que la vincularan a actividades ilícitas, según relatan vecinos y personas cercanas.

Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y han evitado señalar responsables o móviles específicos, reiterando que cualquier conclusión deberá estar sustentada en pruebas judiciales. La comunidad, por su parte, exige justicia y mayor presencia de los organismos de seguridad ante el temor de que hechos similares se repitan.

El esclarecimiento de este crimen será determinante no solo para establecer responsabilidades, sino también para enviar un mensaje frente a la violencia que afecta a comunidades vulnerables en Santa Marta y otras ciudades del país.